Trump tuiteó que se ahorrarían ‘miles de millones de dólares’ en contratos militares. Luego el Pentágono despidió al funcionario que lo haría.

En diciembre de 2016, solo unas semanas antes de mudarse a la Casa Blanca, el presidente electo Donald Trump tuiteó que una vez que ocupara el cargo, “se podían ahorrar y se ahorrarían miles de millones de dólares en compras militares (y otras)”.

Es habitual que los candidatos presidenciales hagan campaña a favor o en contra del gasto en defensa, pero Trump quizás fue el primero en prometer que su agudeza para los negocios –una imagen respaldada por su libro superventas The Art of the Deal– le permitiría ahorrar miles de millones de dólares en costosas armas, como el caza F-35 Joint Strike Fighter, con un ahorro estimado de hasta 1 billón de dólares.

Si bien los críticos de Trump se preguntaron si realmente iba a ser capaz de lograr grandes ahorros en el presupuesto militar, en el Pentágono, el hombre cuyo trabajo era negociar esos contratos de armamento acogió con agrado el hecho de que el presidente se interesara por el problema.

“Cuando encuentras a alguien que es el presidente de los Estados Unidos y entiende exactamente a qué te dedicas y cómo se hace, se convierte en algo muy gratificante, especialmente cuando alguien que está en lo más alto del poder además es un negociador de clase mundial”, les dijo Shay Assad, director de fijación de precios del Pentágono, a los asistentes de una conferencia organizada por McAleese y Credit Suisse en marzo de 2017, apenas dos meses después de la toma de posesión de Trump.

Assad ya se había labrado una reputación como el negociador de contratos más duro del Departamento de Defensa, tras pasar más de una década luchando contra empresas armamentísticas en nombre de los contribuyentes e intentando bajar los elevados costos de las armas. A lo largo de su carrera, el Pentágono lo ha condecorado con una gran cantidad de premios por su trabajo realizado y ha recibido elogios por ahorrar miles de millones de dólares del erario público. Un perfil trazado por Politico en 2016 describía a Assad, conocido por sus obstinadas campañas para obligar a las empresas de la industria armamentística a justificar sus costos, como “el hombre más odiado del Pentágono”.

Donald Trump y Shay Assad (Ilustración fotográfica de Yahoo News; fotos: AP, Getty Images).
Donald Trump y Shay Assad (Ilustración fotográfica de Yahoo News; fotos: AP, Getty Images).

El enfoque agresivo de Assad en las negociaciones de contratos, sin embargo, valió la pena. El Pentágono le atribuyó a este funcionario de carrera la reducción de los costos del helicóptero Apache, el avión de transporte C-17 y del caza F/A-18, con lo cual ahorró más de 500 millones de dólares de los contribuyentes. Y eso no fue todo: un exalto funcionario del Pentágono dijo que Assad había “ahorrado muchos miles de millones de dólares al Departamento de Defensa” en el transcurso de su carrera.

El interés de Trump en negociar mejores precios para el gobierno hizo parecer que el trabajo de Assad llamaría la atención de la Casa Blanca.

Sin embargo, dos años después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, Assad vería como era destituido de su trabajo y de sus esfuerzos para ahorrar dinero y recuperar cientos de millones de dólares en posibles fraudes con las partidas de gastos.

El trato que recibió, sostiene, fue el resultado directo de su intento de ahorrar dinero del Pentágono e identificar posibles contratos fraudulentos, lo que lo puso en conflicto con el principal comprador de armas del Pentágono. Fue un conflicto que terminó de forma dramática, dice, cuando, poco después de que les enviara un email a altos funcionarios del Pentágono sobre un posible fraude, se publicaron detalles sobre su historial de viajes y su imagen fue degradada en la prensa.

Los altos directivos el Pentágono, muchos de los cuales provienen directamente de las altas instancias directivas de las empresas de defensa, solo hacen que empeorar el problema, defiende Assad. “Muchas de las fijaciones de precios hechas por las principales empresas que trabajan con el Departamento de Defensa son inapropiadas y, si hay gente que viene de esa industria, existe un conflicto de intereses inherente”, dijo.

En respuesta a preguntas concretas, el Pentágono negó en líneas generales cualquier idea de comportamientos poco éticos, pero rechazó comentar nada sobre Assad o sus acusaciones concretas, más allá de discutir sobre el alcance de los posibles fraudes en la contratación. Los documentos obtenidos por Yahoo News mostraron que el monto de los sobrecostes identificados hasta la fecha por los auditores del Pentágono, quienes revisaron una muestra relativamente pequeña de contratos, es cercano a los 900 millones de dólares.

Assad no es el único preocupado. Antes de morir, John McCain, el senador republicano por Arizona, criticó la influencia de la industria armamentística sobre el Pentágono y expresó su preocupación por el nombramiento de Patrick Shanahan, un ejecutivo de Boeing, como número 2 del Departamento de Defensa. Más recientemente, la senadora Elizabeth Warren, uno de los nombres que se barajan para la nominación del candidato demócrata a presidente, expresó una preocupación similar cuando Mark Esper, un antiguo lobista de Raytheon, fue nombrado para el puesto de más poder en el Pentágono.

Assad tiene su propia descripción sobre lo que está pasando puertas adentro del Departamento de Defensa. “Es como si el zorro estuviera en el gallinero”, dijo.

 
 

Para cuando Donald Trump entró a la Casa Blanca en enero de 2017 con sus promesas de enormes ahorros en contratos militares, Shay Assad ya había pasado más de una década en el gobierno negociando exactamente eso. Él comenzó su carrera profesional trabajando con contratos en Raytheon y pasó al Pentágono en 2004, donde rápidamente ascendió de posición y se ganó la reputación de ser uno de los negociadores más duros del gobierno.

Al principio, recibió con agrado el compromiso declarado del gobierno de Trump de ahorrar costos y durante aquellos primeros días el Pentágono parecía ser una de las instituciones más estables en una administración sacudida por el caos. El general de marina retirado James Mattis fue nombrado secretario de defensa y Ellen Lord, antigua directora ejecutiva de la contratista de defensa Textron Systems, fue fichada como subsecretaria de defensa para adquisiciones y mantenimiento.

Cuando Lord se unió al Pentágono en verano de 2017 como compradora principal de armas, parecía entusiasmada con Assad, quien vivía a medio camino entre su casa de Boston y su oficina en Washington. Lord incluso le pidió a Assad que asumiera algunos roles adicionales en el Pentágono. “Me preguntó si asumiría tareas de ejecución en la política armamentística de obtención y adquisición, además de mi propio trabajo”, recordó. “Debía estar en Washington cinco días a la semana”.

En enero de 2018, Lord lo llamó a Assad para que fuera a su oficina para desahogar su frustración por el desempeño inconsistente de las principales firmas de defensa. Dijo que quería encontrar una forma de lograr mejores resultados de las empresas armamentísticas, un mensaje que fue repetido con frecuencia por el presidente. “Dije: ‘Claro, si impactas en su flujo de ingresos, capturas su atención para lo que crees que es importante’”,contó Assad que le comentó a ella. “Si les dices a las empresas que su flujo de ingresos depende de eso, responderán”.

La propuesta de Assad tenía que ver con lo que se conoce como pagos progresivos o, lo que es lo mismo, pagos periódicos hechos a los contratistas para aliviar sus costos operativos. Durante tres décadas, el Pentágono no llevó a cabo evaluaciones exhaustivas de sus políticas de financiación de contratos. Desde entonces, las tasas de interés se desplomaron a mínimos históricos, lo que significaba que el Pentágono tal vez les estaba ofreciendo demasiado dinero a las empresas. Era un área, creía Assad, que estaba madura para realizar reformas.

“Les hemos estado pagando demasiado a estas empresas a través del pago del programa”, dijo Assad. “Por sobrecostos, si te remites a la regla original de mediados de los 80, se basaba en que hubiera una tasa de interés de alrededor del 12,5%”.

En una reunión celebrada a finales de febrero de 2018, Assad dijo que informó de su plan de reforma de los pagos progresivos a Lord, así como a Eric Chewning, director de la oficina de política industrial del Pentágono. Assad explicó que su plan vincularía los pagos al rendimiento de la empresa, en lugar de a fases del proceso de producción. La tasa del pago progresivo se fija a 80% de los costos totales de la entrega contemplados en un contrato y Assad quería reducir ese porcentaje a una tasa base del 50%.

Assad recuerda que Lord aprobó la propuesta y que ellos aceptaron no discutirlo con la industria hasta que el Congreso fuera informado. En los meses sucesivos, Assad organizó una serie de sesiones informativas con representantes de varias ramas de las fuerzas armadas y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca. Dijo que no hubo ninguna objeción.

Pero para agosto, si bien la normativa había sido aprobada por la OMB, Assad dijo que seguía sin recibir la aprobación por parte de Lord, a pesar de habérselo pedido varias veces, para presentarla en el Congreso. No obstante, el 24 de agosto de 2018, la normativa propuesta fue publicada en el Registro Federal.

Las empresas armamentística se indignaron. Durante una reunión pública celebrada el 14 de septiembre de 2018, los representantes del sector criticaron la propuesta y dijeron que los castigaría por cosas sobre las que ellos no tenían control. Esas quejas también llegaron al Congreso y los líderes del Comité de Servicios Armados del Senado y de la Cámara de Representantes le escribieron al por entonces subsecretario de defensa Shanahan calificando la normativa de “fundamentalmente defectuosa”.

De acuerdo a Assad, la marcha atrás del Congreso fue resultado del fracaso de Lord al tratar de permitirle informar al personal de Capitol Hill sobre el potencial de reducir los cotos para los contribuyentes e incrementar la eficiencia. El 24 de septiembre, un mes después de que la normativa se hiciera pública, Lord se encontró en persona con el personal del Congreso, pero no salió bien. Al día siguiente, Lord se encontró con Assad y dos ejecutivos de adquisiciones de defensa y anunció que la normativa propuesta sería retirada.

El 1 de octubre, Shanahan, subsecretario de defensa, anunció formalmente que la normativa propuesta sería rescindida. En varias cartas a los Comités de Servicios Armados, Shanahan señaló que las “enmiendas propuestas fueron desestimadas de forma precipitada sin una coordinación completa”. Shanahan les dijo más tarde a los periodistas que la normativa propuesta “nunca le llegó. No sé si la recibió Ellen [Lord]”.

 
 

Assad no está de acuerdo. “Lo único que no hicimos fue informar al Congreso”, dijo.

Fue en ese momento que Assad apuntó que tenía instrucciones de la oficina de Lord para eliminar toda la información referida a las sesiones informativas sobre la normativa de pagos propuesta de un programa que recopiló para que lo evaluara Shanahan. “Eso en sí mismo fue preocupante”, dijo Assad. “Quiero decir, fue verdaderamente… la gente te decía ‘destruye información’ o ‘elimina información’, de forma que el secretario no supiera lo que ocurría realmente… Nadie me había pedido eso jamás en 45 años, ni indicarme que lo hiciera”.

Semanas después, Assad se sentó con Lord para una evaluación de rendimiento en la que, tras años de evaluaciones ejemplares y premios por sus servicios, ella lo calificó como con un “rendimiento mínimamente aceptable”, refiriéndose a sus “problemas de liderazgo” como razón.

Un colega de Assad dijo que fue culpado injustamente por la retirada de la normativa, aún a pesar de que Lord había apoyado la propuesta. “Cuando nos encontramos por primera vez en 2018 con los líderes principales para discutir algunas ideas, me fui con la impresión de que esas eran sus ideas”, dijo el excolega de Assad. “Sea o no cierto en esta etapa, cuando se produjo un fuerte retroceso en el sector, ella no dudó en usar a Shay como cabeza de turco”.

A finales de octubre, se le dio un ultimátum a Assad: podría ser degradado a un puesto en la Agencia de Gestión de Contratos de Boston a partir de enero de 2019 o ser despedido. Assad, quien se preparaba para la jubilación, decidió que dejaría el Departamento de Defensa a fin de año.

 
 

En otoño de 2018, Assad se acercaba al final de su carrera como funcionario del gobierno, pero tenía una tarea final esperándole en su escritorio. La Agencia de Auditorias de Contratos de Defensa (DCAA, por sus siglas en inglés) del Pentágono lo contactó en octubre para hablar de los hallazgos clave del trabajo que había estado haciendo a pedido suyo.

Una gran preocupación de Assad durante los últimos años fue la “fijación de precios defectuosa”. Los términos provienen de la Ley de Verdad en las Negociaciones (TINA, por sus siglas en inglés), que exige que las empresas certifiquen que se divulgan al gobierno los costos precisos, actualizados y completos o los datos de fijación de precios para las adquisiciones negociadas por encima de cierto valor (el umbral actual es a partir de 2 millones de dólares). En otras palabras, ¿los costos que afirman que están asociados a un producto vendido son verdaderos?

Sea o no intencional, las certificaciones falsas de los contratistas pueden costarles millones de dólares a los contribuyentes –y posiblemente miles de millones–. Varios años antes, Assad acudió a Anita Bales, directora de la agencia de auditorías, para hablar sobre lo que él describe como “cosas escandalosas” en los contratos del Pentágono.

Debido a la escasez de recursos, la agencia no ha auditado contratos para detectar fijaciones de precios defectuosas durante varios años. Assad quería cambiar eso. “Shay comenzó a incitarlos a partir de 2012-2013”, dijo un excolega. “Realmente quería que ellos observaran la fijación de precios defectuosa”.

Los documentos publicados por Yahoo News de la DCAA confirmaron que la agencia vio un problema considerable que estaba empeorando. La DCAA informó un acumulado de 642 millones de dólares por auditorías de fijaciones de precios defectuosas sin resolver entre 2014 y 2019, con una “fuerte caída” en la recuperación de dinero. Mientras que en 2012 los documentos mostraban una tasa de recuperación del 94%, hacia 2018 había bajado a solo un 3%.

Sin embargo, de acuerdo a dichos documentos, desde 2012 han aumentado los informes de fijaciones de precios defectuosas a un ritmo constante, mientras que la resolución de esas reclamaciones disminu durante el mismo período, probablemente debido a que las empresas estaban “más inclinadas a discutir incluso cuando Defensa está débil”, una estrategia para “ir a contrarreloj”, y a su creencia de que el Pentágono carecía de experiencia legal en fijación de precios.

El Pentágono no hizo públicos todos los documentos solicitados por Yahoo News y, según la información recopilada y las notas de Assad, contando sus sedes centrales y sus oficinas locales, realizaron un análisis de aproximadamente 250 contratos que cubren 95.000 millones de dólares de gasto entre 2008 y 2015. Lo que descubrió, dijo Assad, fue sorprendente: dentro de una muestra relativamente pequeña, se revelaron unos 900 millones de dólares en fijaciones de precios defectuosas, lo que representa aproximadamente un 1% de los contratos cubiertos. Entre los fijadores de precios más defectuosos, según Assad, estaban Lockheed Martin, BAE, Boeing y Textron, empresa en la que trabajó Ellen Lord.

“Para ser claros, el Departamento niega enérgicamente la afirmación de que el 1% del gasto por los contratos se ha perdido en una fijación de precios defectuosa”, escribió el teniente coronel Mike Andrews, portavoz del Pentágono, en respuesta a consultas.

“El dinero de la fijación defectuosa de precios es una preocupación y será perseguida”, siguió Andrews. “Los datos de la Agencia de Auditorías de Contratos de Defensa (DCAA) indican una acumulación de aproximadamente 600 millones de dólares en posibles defectos en la fijación de precios, una cantidad que indica que el porcentaje de un 1% del gasto en contratos es en gran parte una cifra inflada”

Los registros revelados a Yahoo News demuestran que la cifra citada por Andrews es selectiva, en el mejor de los casos. Si bien el acumulado es de 642 millones de dólares, un gráfico publicado por la DCAA muestra que acumulativamente entre 2012 y 2018, la agencia de auditorías descubrió casi 870 millones de dólares en fijaciones de precios defectuosas, una cifra que respalda la afirmación de Assad.

No era solo la cantidad acumulada en fijaciones de precios defectuosas lo que preocupaba a los auditores. Assad dijo que en diciembre de 2018, unas semanas antes de jubilarse, los auditores le informaron de lo que llamaron la “pepita de oro”, un caso tan atroz que justificaba la derivación a investigaciones criminales.

Durante un período de dos años, según Assad, Textron había proporcionado a los auditores del Pentágono cientos de páginas de datos. Al profundizar en esa cantidad de datos, un auditor descubrió una evaluación de gestión que mostraba que para un artículo específico –que Assad solo pudo identificar como “aparato”– la empresa tergiversó los costos de producción. Peor aún, de los contratos de Textron analizados por los auditores, el 100% fueron acusados de fijación de precios defectuosa.

“Hay una palabra para eso”, dijo Assad. “Fraude”.

Si bien los documentos hechos públicos en virtud de la Ley de Libertad de Información confirman las conclusiones generales de Assad sobre el alcance de la fijación de precios defectuosa, el Departamento de Defensa redactó los nombres de empresas concretas involucradas y rechazó proporcionar datos en respuesta a preguntas sobre los hallazgos de los auditores.

En lugar de eso, la agencia respondió con una declaración general en la que confirmaba que la mayoría de las auditorías descubrieron una fijación de precios defectuosa, pero advirtió de que no había que hacer suposiciones. “Durante los últimos tres años fiscales, la DCAA ha publicado 108 informes de auditorías siguiendo un enfoque basado en el riesgo, 79 de los cuales descubrieron fijaciones de precios defectuosas”, escribió Christopher Sherwood, portavoz del Departamento de Defensa. “Sin embargo, los contratos seleccionados por los auditores representan un pequeño porcentaje de los contratos totales del Departamento de Defensa, por lo que los resultados de las auditorías de la DCAA no pueden ser usados como pretexto para hacer generalizaciones sobre toda la población de contratistas del Departamento de Defensa o para establecer tendencias sobre contratistas específicos”.

Sherwood dijo que la afirmación de fraude requiere “probar la intencionalidad y que los resultados de las auditorías no determinan intencionalidad”. Quedaría en manos de los investigadores determinar el fraude, continuó; los Servicios de Investigación Criminal de Defensa no respondieron a la petición de hacer comentarios.

Textron no respondió a la petición de hacer comentarios.

Otra persona involucrada en las auditorías, quien pidió no ser nombrada para evitar represalias laborales, coincidió en el que el fraude se basa en la prueba de intencionalidad, pero dijo que en algunos casos descubren “variaciones extraordinariamente grandes” entre lo que afirman las empresas y lo que los auditores descubren en los registros. “Ciertamente parecería que los funcionarios eran conscientes de que estaban proporcionando datos que no eran exactos o completos”, dijo esa persona.

En sus últimos días antes de jubilarse, Assad sintió claramente que se debía hacer algo. De acuerdo a recuerdos y notas que proporcionó a Yahoo News, alrededor del mediodía del 21 de diciembre escribió a Lord. “Tenemos un problema real. La DCAA acaba de hablarme. Esto es lo que me dijeron”, recordaba diciéndole a ella. “Recomiendo que se cree una unidad especial dentro del departamento (…) No debería informarte”.

No está claro si Lord y su equipo vieron esto como un intento de represalia por parte de un empleado que pronto será exempleado. En respuesta a preguntas concretas, Andrews, el portavoz del Pentágono, se refirió a la declaración pública de Lord de principios de este año en la que hablaba del acuerdo ético que firmó asegurando que garantizaba que no había conflictos de intereses con su anterior trabajo en Textron. “Cualquier afirmación según la cual la señora Lord haya estado involucrada de alguna forma con Textron Systems desde su llegada es completamente falsa”, escribió Andrews.

En cualquier caso, Assad nunca recibió una respuesta. Pero solo unas horas antes del mensaje que le envió a Lord, recibió más malas noticias: un artículo publicado por Defense One, una publicación en línea, habló de la destitución de Assad de su trabajo diciendo que “había acumulado miles de dólares en gastos de viaje”.

Según el artículo, Assad, tenía un acuerdo especial para desplazamientos que le costó al gobierno 502 758 dólares entre 2012 y 2019. La información fue suministrada a la publicación por Andrews, una revelación inusual o tal vez sin precedentes del historial de viajes de un funcionario público; según los números presentados en el artículo, esto habría resultado en un poco más de 1.300 mil dólares en billetes de avión, hotel, comida y gastos imprevistos durante el viaje.

Aunque el artículo admitía que “ni Ash Carter, ni el jefe de adquisiciones del Pentágono, ni su sucesor Frank Kendall se opusieron a este acuerdo”, señalaba que “Ellen Lord, actual subsecretaria de adquisiciones y mantenimiento, dejó de pagar los viajes de Assad entre Boston y Washington”.

El Pentágono no solo fracasó al defender los viajes, que habían sido solicitados por él, sino que dio a entender que esa fue la razón por la que Assad fue apartado de su trabajo.

 
 

“Estaba furioso, porque la realidad es que trabajé como director de políticas de obtención y adquisición de defensa, al tiempo que hacía mi propio trabajo, por pedido de Ellen Lord”, dijo. “No podía viajar sin su aprobación”.

Andrews, quien se desempeña como portavoz de Lord, se negó a responder a la mayoría de preguntas sobre las alegaciones hechas por Assad acerca del historial, pero en un comunicado escrito dijo que tras “una afirmación del periodista según la cual el Departamento no había pagado cientos de miles de dólares, sino millones, en viajes y viáticos para el señor Assad, el Departamento dio a conocer el historial de gastos de viaje para demostrar transparencia y responsabilidad”.

Para Assad, la información proporcionada por el artículo fue un claro intento de desacreditar cualquier revelación que pudiera hacer en el futuro haciéndolo parecer un empleado insatisfecho. Exfuncionarios que trabajaron con él coincidieron con esta opinión y describieron los intentos del Pentágono para plantar historias negativas sobre él como un ataque sin fundamento contra su carrera como funcionario.

“Alguien tuvo que proporcionar esa información y eso me dejó en claro que esto no era un hecho accidental y que alguien de dentro del Pentágono que tenía ese conocimiento estaba intentando empeorar la imagen de Shay, y eso, francamente, es muy desagradable”, dijo un excolega de Assad, quien pidió no ser identificado porque pondría en peligro su trabajo actual en el Pentágono.

El exfuncionario de alto nivel del Pentágono dijo que Assad se había convertido en un “chivo expiatorio” de la reacción política contra el esquema de pagos progresivos. El viaje diario que hacía Assad de Boston no era una ventaja, insistió el exalto funcionario, sino una comodidad para alguien que el Departamento de Defensa quería y necesitaba en su puesto de trabajo. “Se pintó como un gran gasto, como algo irracional con lo que salía ganando”, dijo el exfuncionario. “No era eso en absoluto”.

“En términos de magnitud, ahorró miles de millones de dólares al Departamento de Defensa... durante varios años. Cien mil dólares para viajes propios es algo insignificante en comparación al dinero que hizo ahorrar al Departamento de Defensa”, añadió el exfuncionario.

Si la necesidad de un director de fijación de precios colocado en el Pentágono era la razón para destituir a Assad del puesto, entonces esa explicación parece contradecirse con las propias acciones del Departamento de Defensa. Un email de principios de este año visto por Yahoo News que invitaba a postularse para el antiguo puesto de Assad como director de fijación de precios dice que los candidatos para el trabajo podría elegir trabajar desde cinco localizaciones fuera de la zona de Washington, D.C., incluido Boston.

 
 

Poco después de que Assad se jubilara oficialmente del Departamento de Defensa, el representante demócrata por Massachusetts Stephen F. Lynch, habló en la Cámara de Representantes diciendo que Assad “fue el profesional de contrataciones y fijación de precios más condecorado en el funcionariado público”.

Aquellos que trabajaron con él a lo largo de los años elogiaron de forma similar sus esfuerzos para ahorrarle dinero al gobierno. “Tengo un gran respeto por Shay y lo que ha logrado en el Departamento de Defensa y por proteger los intereses de los contribuyentes al tiempo que también protegió los intereses del departamento”, dijo Tim DiNapoli, director del equipo de contratación y adquisiciones de seguridad nacional de la Oficina de Contabilidad del Gobierno. “No son mutuamente excluyentes”.

Assad sigue jubilado y viviendo cerca de Boston, aunque a veces viaja a Washington para informar a los comités supervisores de fijaciones de precios defectuosas. Sin embargo, aún está enfadado por el trato que recibió del Pentágono. “Quiero decir, es una locura”, dijo. “Nunca fui testigo de eso –ya fuera un gobierno demócrata o uno republicano–, nunca fui testigo de ese tipo de desprecios o desdén gratuito por un servidor público de carrera”.

Pero aún le enfada más que los problemas en los que trabajó sigan sin abordarse.

Los contratistas que cobraron demasiado del Pentágono recibieron un poco de atención a principios de este año, cuando el inspector general del Departamento de Defensa publicó un informe en el que concluía que el grupo TransDigm Group había vendido partes a las fuerzas armadas con márgenes de beneficio de hasta el 4,451%. En un caso, la empresa cobró 4.361 dólares por el contrato de una barra de metal de media pulgada en 2018; según el inspector general, el artículo debería haber costado solo 46 dólares.

Sin embargo, ese informe del inspector general trataba solo sobre una empresa y todos excepto uno de los contratistas evaluados estuvieron por debajo del umbral de la TINA, a partir de donde las empresas deben proporcionar datos certificados de los costos. En otras palabras, casi todos esos contratos fueron de menor valor que los que Assad ha pedido que revisen los auditores del Pentágono. Si las transgresiones de TransDigm fueron de millones de dólares, el alcance de la fijación de precios defectuosa que Assad dice que los auditores identificaron es exponencialmente mayor.

La fijación de precios defectuosa en una base porcentual pude ser pequeña –solo un 1 o 2%–, pero cuando los contratos son cuantiosos, el dinero involucrado puede ser considerable. Un miembro del personal del Congreso que ha estado observando el tema dijo que la pérdida de dinero por deficiencias en la fijación de precios probablemente era “tranquilamente de miles de millones de dólares”. Esa cifra puede ser “una gota en el océano en comparación al presupuesto general”, pero es una cantidad importante debido al alcance de las infracciones.

“Es una cifra que, en mi opinión, probablemente sería bastante reveladora para la gente”, dijo el empleado.

Por su lado, los ahorros en contratos militares prometido por el gobierno de Trump parecen estar cada vez más lejos. En septiembre, Bloomberg informó que, a pesar de la promesa de más de 1.000 millones de dólares en ahorros por el F-35, el programa armamentístico más caro de la historia, el Pentágono se llevaría un tercio de esa cantidad.

En cuanto a las preocupaciones más amplias de Assad sobre el conflicto de intereses inherente por el hecho de tener exejecutivos del sector a cargo de supervisar contratos, permanecen sin cambios. Ellen Lord sigue sirviendo como máxima responsable de armamento del Pentágono y en junio, se confirmó a Esper, exlobista de primera línea de Raytheon, como nuevo secretario de defensa. La senadora Warren votó en contra de confirmar a Esper, quien se negó a recusarse a sí mismo por tener que tratar con contratos vinculados a su antigua empresa.

Respecto al antiguo trabajo de Assad, la semana pasada el Pentágono finalmente eligió su reemplazo permanente como director de fijación de precios y contratación. El nuevo director, según Assad, se instalará en Dayton, Ohio.

En lo referido al dinero que los auditores del Pentágono bajo supervisión de Assad descubrieron que las empresas armamentísticas estaban facturando con sobrecostos, no existen pruebas de que la dirección del Pentágono haya hecho nada para que sea devuelto. En respuesta a la consulta de Yahoo News, el Pentágono dijo que existe un plan de establecer una fuerza de tareas en la Agencia de Administración de Contratos de Defensa, pero no dio detalles concretos de los tiempos ni de si informarían a Ellen Lord.

La falta de progresos a la hora de recuperar el dinero no se debe a que nadie lo supiera.

Poco antes de dejar su puesto en el Pentágono, Assad dio una charla en una conferencia del Bank of America en la que les exigió a sus colegas que siguieran combatiendo el fraude y el dinero malgastado dentro del Pentágono.

“Escuché que alguien busca de 1.000 a 5.000 millones de dólares”, dijo Assad, refiriéndose al dinero que busca el presidente Trump para construir un muro en la frontera. “Estoy bastante seguro de que está en el Departamento de Defensa en forma de fijaciones de precios defectuosas y contractos fraudulentos, por si alguien tiene el coraje de ir a por ello".

Martin de Bourmont y Sharon Weinberger