Senado inicia juicio político a presidente Lugo

Por PEDRO SERVIN y BELEN BOGADO
Associated Press
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Numeosos simpatizantes del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se manifiestan el viernes 22 de junio de 2012 frente al Congreso en Asunción, en protesta contra el juicio político al mandatario por varios cargos, como su papel en un enfrentamiento durante un desalojo en el que murieron seis policías y 11 campesinos. (Foto AP/Jorge Sáenz)

ASUNCION (AP) — El juicio político al presidente Fernando Lugo comenzó entre gritos de la defensa porque no le otorgaron más días de para preparar sus argumentos y la opinión pública dividida sobre una eventual destitución del mandatario.

Luego de tres horas de reunión, los legisladores admitieron las acusaciones de la cámara de diputados contra el jefe de Estado por el voto de 39 contra 4 en contra. Posteriormente se preparaban para leer los alegatos finales para luego emitir veredicto.

Los seis abogados defensores de Lugo se retiraron de la sala, aparentemente disgustados.

Entre las acusaciones admitidas se encuentran los señalamientos de responsabilidad de Lugo en la tolerancia y asistencia a invasores ilegales de tierra, la no captura de integrantes de un grupo guerrillero que opera en la selva y la muerte de seis policías y 11 campesinos durante el desalojo en una reserva forestal.

"Yo no quiero que renuncie, ni que se vaya, yo quiero que aclare bien estas cosas que ocurrieron. Quiero que se solucione este problema, quiero que sea responsable el presidente Lugo y el ministro (del interior), dijo a The Associated Press Adolfo Espínola, hijo de una de las víctimas del enfrentamiento entre policías y campesinos que provocó la petición de juicio político. Es hijo de Avelino Espínola de 56 años, uno de los 11 campesinos muertos la semana pasada durante el desalojo.

Antes de que comenzara el juicio el abogado defensor Adolfo Ferreiro solicitó 18 días para colectar datos y "presentar una mejor defensa". La petición fue rechazada por el presidente del Senado Jorge Oviedo,

Ferreiro, ofuscado y a los gritos, advirtió que el veredicto final será apelado ante organismos jurídicos internacionales.

El jefe de Estado resolvió seguir su juzgamiento a través de la televisión, en el palacio de gobierno.

Para destituir al mandatario se necesitan dos tercios de los votos del total de sus 45 escaños, es decir 30 votos. El quórum es de 43 senadores presentes.

Miles de manifestantes se reunieron en la plaza de armas frente al congreso para manifestar su apoyo al mandatario, de 61 años y enfermo de cáncer linfático, y contra el juicio político,

En la plaza los manifestantes expectantes cantaban "El pueblo unido, jamás será vencido", con decenas de banderas del Paraguay, carteles de la coalición de izquierda Frente Guazú y con inscripciones como "Hasta la victoria, Patria o muerte". La policía desplegó antimotines en la zona para evitar disturbios.

Si el ex obispo católico es destituido, el Partido Liberal Radical Auténtico, de la mano del vicepresidente Federico Franco, volverá a ocupar la presidencia del país luego de 76 años.

El gobernante declaró el viernes a la radioemisora Montecarlo, de Montevideo, que se encuentra con "serenidad y la conciencia tranquila... Espero que los parlamentarios voten en contra del juicio político porque esperamos fortalecer la democracia, el estado de Derecho y la participación ciudadana", agregó.

La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) emitió un comunicado e informó que una delegación del bloque se reunió el viernes en Asunción con el vicepresidente y con dirigentes políticos y legislativos, "de quienes lamentablemente no obtuvieron respuestas favorables a las garantías procesales y democráticas que se les solicitaron".

Asimismo, señaló que "las acciones en curso podrían ser comprendidas en los artículos 1, 5 y 6 del Protocolo Adicional del Tratado Constitutivo de la UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, configurando una amenaza de ruptura al orden democrático, al no respetar el debido proceso".

El Consejo Permanente de la OEA se reunió el viernes en una sesión extraordinaria convocada con la crisis paraguaya como el único punto en agenda.

El secretario general José Miguel Insulza rechazó describir la situación paraguaya como un golpe de estado porque el "procedimiento legal, constitucional se está siguiendo. Lo que planteamos es la duda de si al seguirlo se están respetando los derechos de las personas a defenderse".

Al igual que los representantes de Bolivia y Venezuela, el embajador de Nicaragua Denis Moncada denunció al proceso político como un "golpe de estado con otras modalidades".

"En años recientes actuaron fuerzas policiales y militares en golpes e intentonas. Hoy la amenaza ha avanzado de forma vertiginosa, disfrazada y encubierta con un supuesto manto legal que desde las cámaras legislativas diseña y ejecuta aceleradamente un golpe de estado parlamentario", agregó.

El pedido de juicio político al mandatario se produjo seis días después de la muerte de 17 personas en un enfrentamiento armado entre policías y campesinos durante el intento de desalojo de una reserva forestal en Curuguaty, a unos 400 kilómetros al noreste de Asunción, que desembocó en la renuncia del ministro del Interior y del jefe de la policía.

Espínola negó que su padre y los otros campesinos hayan recibido entrenamiento del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo, que según la policía pudo estar involucrado en el incidente.

En Paraguay 80% de las tierras fértiles está en poder de 2% de la población. Los terrenos, en su mayoría, están destinados a la producción agrícola y ganadera que por primera vez en 2010 permitió que Paraguay tuviera un crecimiento económico de 14,5%. Sin embargo, de 6,4 millones de habitantes 39% es pobre y dentro de esa franja 19% es miserable, según dijo a la AP el analista internacional Ricardo Rodríguez.

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Los corresponsales Luis Alonso Lugo en Washington y Marco Sibaja en Brasil colaboraron con este despacho