NY: Avanza programa de defensa de inmigrantes
NUEVA YORK (AP) — Oscar Hernández se disponía a firmar su orden de deportación a México cuando un joven abogado que no conocía se presentó en la corte migratoria de Nueva York y le convenció de que no lo hiciera.
Ahora Hernández ya no lleva el uniforme naranja de preso: camina libre, trabaja y estudia inglés.
"Cuando estaba en inmigración no sabía qué oportunidades tenía", dijo el mexicano de 20 años, quien fue arrestado a finales del 2012 debido a una pelea y acabó en custodia federal. "Conocer al abogado es lo mejor que me ha pasado".
Hernández está en la calle gracias un nuevo programa piloto, único en el país e iniciado en Nueva York para ayudar a inmigrantes pobres, detenidos y en proceso de deportación. Muchos de ellos carecen de abogado porque, según la ley federal, los inmigrantes que acaban en los tribunales de inmigración no tienen derecho a un abogado de oficio. Muchos no pueden pagarse uno privado.
El programa, llamado New York Immigrant Family Unity Project y que arrancó en noviembre, empieza a ver sus frutos: de los 101 casos defendidos hasta finales de enero un 17% son inmigrantes que han salido en libertad.
La ciudad invirtió 500.000 dólares en el programa en 2013, lo que permite la representación de 190 inmigrantes de momento, con esperanzas de que la urbe aporte más de cinco millones de dólares anuales y el proyecto pueda abarcar así dos cortes migratorias de Nueva Jersey, además de la de Nueva York.
El objetivo, dicen sus organizadores, es evitar deportaciones innecesarias, separación de familias y enormes gastos por encarcelación.
"Es bueno para todo el mundo", dijo Peter Markowitz, director de la Kathryn O. Greenberg Immigration Justice Clinic de la facultad de derecho Benjamin N. Cardozo de Yeshiva University, que ayudó a impulsar la iniciativa.
"Es bueno para los individuos porque están detenidos y queremos que sus casos avancen lo antes posible. Es bueno para la corte porque ésta quiere cerrar casos en un periodo corto de tiempo y es bueno para la policía migratoria porque ésta también preserva sus recursos", explicó Markowitz.
El funcionamiento es simple: abogados de dos organizaciones sin ánimo de lucro, la Brooklyn Defender Services y The Bronx Defenders, se plantan en la corte de la calle Varick, en Manhattan, una o dos veces por semana, y aceptan los nuevos casos de inmigrantes detenidos que no pueden pagarse abogados privados.
Un abogado privado puede cobrar 15.000 dólares por caso, asegura Markowitz. Además de su organización también están detrás del proyecto el Vera Institute of Justice, Se Hace Camino Nueva York, el Center for Popular Democracy y la Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights.
A menudo inmigrantes que no pueden evitar la deportación son recomendados por los abogados del programa que acepten una orden voluntaria de regreso o la misma orden de expulsión, lo que acaba ahorrando miles de dólares al gobierno debido a menos gastos de encarcelamiento, aseguran los activistas.
Khaalid Walls, portavoz de la policía migratoria estadounidense, conocida como ICE, no tuvo críticas para el programa.
"ICE se compromete a trabajar con abogados privados y con NYIFUP (New York Immigrant Family Unity Project) para asegurar que individuos en procedimientos migratorios obtienen un trato justo y son representados de forma justa ante las cortes", dijo el vocero a The Associated Press.
El gasto federal en la encarcelación de cada inmigrante fue de 119 dólares al día en el 2013, según datos del gobierno. Grupos como el National Immigration Forum aseguran que la cifra es de aproximadamente 159 dólares diarios por inmigrante.
El grupo Detention Watch Network asegura que mantener la cuota de 34.000 camas diarias para inmigrantes en Estados Unidos cuesta al gobierno más de 2.000 millones de dólares anuales.
Markowitz señaló que el programa neoyorquino es demasiado nuevo para calcular cuánto ahorra al gobierno federal en gastos de encarcelación.
Los casos que defiende el programa son de todo tipo: desde inmigrantes sin autorización cuyo visado expiró a inmigrantes con autorización arrestados por posesión de marihuana u otras faltas.
Un miércoles reciente el mexicano Enmanuel Alavés Torres se presentó esposado frente al juez Gabriel Videla. Por suerte para Torres, un abogado del programa, Rubén Loyo, tomó el caso y le dijo al juez que, debido a que Torres tiene menos de 21 años, es elegible para el Estatus Especial para Inmigrantes Juveniles y podría lograr una tarjeta de residencia permanente.
Unos 900 inmigrantes sin representación legal pasan cada año por la corte migratoria de la calle Varick, según datos del programa.
______________
Claudia Torrens está en Twitter como http://www.twitter.com/ClaudiaTorrens
