Gobierno venezolano aprueba reforma de Código Procesal Penal

Associated Press

CARACAS (AP) — El gobierno del presidente Hugo Chávez aprobó el martes una reforma del Código Procesal Penal que prevé darle un renovado vigor al sistema judicial venezolano, signado por la demora en los procesos.

El instrumento legal fue sancionado por el gobernante mediante un decreto-ley, apoyado en una ley habilitante que fue aprobada en diciembre del 2010 por la anterior Asamblea Nacional, controlada por aliados del gobierno, y que le otorgó atribuciones al Poder Ejecutivo para dictar leyes durante un año y medio.

La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, indicó que las autoridades "hemos detectado las trabas para que el proceso judicial sea expedito y las quitamos del camino".

Varela, en declaraciones a la televisión estatal tras la reunión semanal del tren ministerial, comentó que entre los cambios aprobados destaca la eliminación de la norma que contempla "una sola sentencia" para castigar la acumulación de varios delitos.

"Ahora se establece que se puede permitir que las causas se separen para que cada delito cometido sea juzgado y la pena sea impuesta por cada delito cometido. Así no se corre el riesgo de que una persona que cometió varios delitos en distintos momentos, alguno de esos delitos quede impune", enfatizó.

No quedó claro como será implementada la separación de las causas. En Venezuela, la pena máxima es de 30 años de prisión.

En Venezuela "se necesita que la persona que cumple sentencia la cumpla efectivamente, y el delito no quede impune", agregó.

La reforma además incluye la eliminación de los escabinos o jurados de ciudadanos. Su eliminación fue adelantada el 29 de mayo por Chávez, quien señaló que en Venezuela los procesos judiciales muchas veces sufren demoras derivadas de que "nadie quiere ser escabino".

La figura de los escabinos fue una de las novedades del sistema acusatorio que fue aprobado en 1998 y que entró en vigencia el 1 de julio de 1999, que puso termino a un sistema inquisitivo importado de España en tiempos coloniales, que incluía largos intercambios de alegatos por escrito y juicios realizados en secreto.

"La modificación tiene el objeto de destrabar jurídicamente aquellos actos procesales donde las partes y el juzgador encuentran impedimentos que no permiten avanzar en el proceso", añadió Chávez.

En Venezuela existen 33 penales con unos 47.000 reclusos, de acuerdo con registros oficiales, aunque fueron diseñados para albergar sólo a 12.000 personas. De acuerdo a cifras de grupos activistas de los derechos humanos, entre ellos el no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, sólo 35% de los reos tienen sentencia firme, y el resto están en proceso de juicio.

Los asesinatos son frecuentes en las hacinadas prisiones de Venezuela. Los internos también toman rehenes periódicamente para presionar por sus demandas, que incluyen reclamos por el retardo procesal.

La superpoblación penal ha generado graves problemas de hacinamiento y violencia. En las prisiones venezolanas operan bandas que rivalizan por el control de los pabellones o el comercio de armas y drogas que guardias corruptos venden a los reclusos.

Durante 2011 hubo 560 muertos en los penales venezolanos, cifra que supera a la de 2010, cuando se registraron 476 asesinatos.

Por su parte, la procuradora general de Venezuela, Cilia Flores, indicó que el decreto-ley será remitido al Tribunal Supremo de Justicia para que sea transformado en ley orgánica y entre en vigencia el 1 de enero del 2013.

La ley habilitante, que está próxima a vencerse, limita el poder de la actual legislatura, con fuerte presencia opositora.

La oposición controla 67 de los 165 escaños de la Asamblea, lo que impide a los aliados de Chávez tener dos tercios de los votos necesarios para aprobar leyes fundamentales.

Chávez y los congresistas oficialistas defienden la ley habilitante, la cuarta que le ha sido otorgada al presidente en sus más de 13 años de mandato, alegando que sería empleada para aprobar velozmente medidas de atención de desastres después de las severas inundaciones que dejaron a miles de personas sin vivienda en el 2010.

Sin embargo, Chávez la ha utilizado para cuestiones ajenas a la atención de esa emergencia generada por las lluvias, como el nuevo Código y la reforma de la Ley del Trabajo, sancionada en mayo pasado.