Bolivia: procesan a sospechosos por linchamiento

Associated Press

LA PAZ, Bolivia (AP) — La Fiscalía inició el viernes un proceso penal contra dos indígenas quechuas como sospechosos de haber encabezado a una turba que linchó y enterró vivo a un joven al que culpaban de haber violado y asesinado a una mujer.

"Hemos iniciado un proceso penal en contra de los que habrían encabezado el hecho, es decir, el señor Casiano Sandi y Felicia Vargas, además de otras personas cómplices o encubridores, por el delito de asesinato, instigación pública y asociación delictuosa", explicó el fiscal Milton Jara, a la radioemisora Erbol.

Santos Ramos, de 17 años, fue enterrado vivo en venganza el miércoles, señalado por la comunidad de haber violado y asesinado a una mujer de 35 años el domingo en una comunidad indígena vecina del poblado de Colquechaca.

El fiscal confirmó que unas 200 personas enardecidas amarraron al joven y lo lanzaron vivo a una fosa en el cementerio y colocaron sobre su cuerpo el féretro de la mujer y después echaron tierra.

Los dos sospechosos serán procesados por asesinato, ya que un infiltrado de la fiscalía evidenció el caso y próximamente prestará una declaración, de acuerdo con lo informado por el fiscal, que dijo que ambos hombres estaban identificados como los incitadores.

Colquechaca es un poblado rural de unos 5.000 habitantes a 333 kilómetros al sureste de La Paz que pertenece a la provincia de Potosí.

Las autoridades del gobierno que han censurado lo ocurrido y han pedido a la fiscalía y la justicia que se esclarezca lo antes posible.

El mismo miércoles en otra comunidad indígena quechua de Potosí, enardecidos pobladores lapidaron a un ladrón y quemaron a su cómplice en la comunidad de Tres Cruces.

Ambos fueron señalados de haber robado un auto y asesinado al chofer. Cuando intentaban vender el vehículo en un poblado vecino fueron capturados por pobladores. Uno fue colgado y apedreado, al otro lo quemaron vivo, dijo a la AP el fiscal José Luis Barrios.

Los linchamientos se producen con cierta frecuencia especialmente en zonas rurales y barriadas pobres donde los pobladores toman justicia por propia mano.

La Constitución de 2009 reconoce la justicia indígena, que otorga autoridad a líderes de comunidades rurales a juzgar delitos menores según sus costumbres ancestrales. Pero esa justicia no reconoce la ejecución. Habitualmente castiga a latigazos y en casos más graves expulsa a los supuestos culpables.