ALBA arremete contra OEA y su comisión de derechos humanos

Por CARLOS VALDEZ
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El presidente de Bolivia, Evo Morales, habla en la inauguración de la 42da asamblea general de la Organización de Estados Americanos, en Tiquipaya, Bolivia, el domingo 3 de junio de 2012. (Foto AP/Juan Karita)

COCHABAMBA, Bolivia (AP) — El presidente Evo Morales arremetió el domingo contra la Organización de Estados Americanos y propuso eliminar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la inauguración de la 42 Asamblea General de la OEA, en medio de fuertes cuestionamientos a ese organismo por parte de los países del ALBA, principalmente Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Aunque el tema central de la asamblea es la seguridad alimentaria, los fuertes señalamientos para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se perfilaba como el tema principal de debate por las posturas divididas de los países.

"Debemos preguntarnos de qué derechos humanos se ocupa la CIDH. ¿Sólo de los derechos humanos de países cuyos gobiernos no comparten las políticas de Estados Unidos? También debe ocuparse de los derechos humanos en Estados Unidos; si no, debe desaparecer", dijo Morales.

La OEA, dijo el mandatario boliviano, nació en plena Guerra Fría como "un ministerio de las colonias de Estados Unidos" y propuso refundarla eliminando "todos los instrumentos de dominación" de ese país en el continente, como el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca (TIAR).

Previamente, el embajador venezolano en la OEA Roy Chaderton habló de "dictadura mediática" y acusó, durante un encuentro con representantes sociales, a diarios y televisoras de Estados Unidos y del continente de confabular con ciertas organizaciones de la sociedad civil financiadas por Washington para desestabilizar a gobiernos izquierdistas de la región.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue más duro al anunciar el sábado en su país que llegará a Bolivia para participar el lunes en la plenaria y "poner en su sitio a cierta burocracia internacional que se cree por encima de nuestros derechos".

Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba son socios principales de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), aunque La Habana no participa del grupo desde que fue expulsada.

El gobierno venezolano amenazó con abandonar la CIDH, mientras que Correa promueve reformas al organismo, al que ha acusado de actuar bajo presión para satisfacer intereses de Estados Unidos desde que afrontó un litigio con un diario de su país.

La polémica tiene que ver con la posibilidad de que la OEA apruebe un informe de su secretario que otorgaría a la Asamblea General poderes para definir lo que la CIDH y sus relatorías puedan hacer o no, y con la posibilidad de que sus informes sean discutidos con los gobiernos, lo que a juicio de organizaciones como Human Rights Watch es un "grave peligro" que arriesgaría la independencia de ese organismo, cuyos informes han molestado a algunos gobiernos, según dijo su representante José Miguel Vivanco.

Diversas organizaciones de la sociedad civil que se han dado cita aquí han dicho que esas reformas debilitarían a la CIDH, ante lo cual el secretario general, el chileno José Miguel Insulza, respondió que la Comisión debe actuar menos como "tribunal" y buscar más "soluciones amistosas con los Estados".

Brasil es otro país que pone en entredicho a esa comisión desde que el año pasado ésta aprobó un pedido para paralizar la construcción de una hidroeléctrica en la amazonia, la cual es objetada por grupos indígenas.

Insulza dejó en manos de la Asamblea las recomendaciones para "fortalecer" el sistema interamericano que procesa denuncias contra los gobiernos a través de la CIDH y la Corte. "La OEA y sus países miembros necesitan de una Comisión y una Corte de Derechos Humanos autónomas y fuertes. Pero estos organismos también deben considerar en su actuación los puntos de vista de los gobiernos democráticos del hemisferio. Todo esto requiere tiempo y diálogo, y espero que esta Asamblea adopte, con la prudencia necesaria, las decisiones para continuar el proceso de fortalecimiento del sistema" dijo en su discurso.

Por otra parte, los delegados gubernamentales y representantes sociales han coincidido en que la seguridad alimentaria pasa por mejorar la producción, reducir precios y respetar el medio ambiente, pero difieren sobre el camino a seguir. Los empresarios son partidarios de incrementar el cultivo de alimentos transgénicos ante el crecimiento demográfico, mientras que organizaciones sociales y países como Bolivia son contrarios a esas prácticas por razones ecológicas.

Insulza dijo que América Latina es el mayor exportador de alimentos, pero 31,4% de su población vive bajo la línea de pobreza sin poner satisfacer sus necesidades alimentarias básicas.